Las autoridades estatales y federales “siguen sin cumplir con sus obligaciones” de reparación y justicia para los pobladores víctimas del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS).
Tras sostener una reunión para constatar los avances de la implementación del Plan de Justicia Cananea-Río Sonora (PJC-RS), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, los CCRS aseguraron que el programa “sigue sin implementarse, careciendo de decreto, objetivos y planeación, y sin hacer justicia”, así como que las autoridades “comparten información errónea; no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones (pero sí se reúnen con Grupo México para negociar)”.
Acusaron que mientras “persiste la falta de acción y coordinación por parte de las autoridades”, continúan los «niveles preocupantes» de metales pesados en el agua de la cuenca del Río Sonora, que supera los límites permisibles para aluminio, arsénico, hierro, manganeso y mercurio; además de que la población aún no recibe la atención médica especializada en toxicología que se requiere desde hace diez años.
“Durante casi 10 años se ha comprobado la grave contaminación en el agua de la cuenca. A pesar de ello, las autoridades siguen sin cumplir la promesa de proporcionar agua libre de metales pesados a nuestras comunidades por medio de plantas potabilizadoras”, criticaron los Comités.
Entre las faltas para el plan de reparación los CCRS incluyeron el incumplimiento de la orden que un juez dio a la Secretaría de Salud de Sonora para otorgar atención médica a las personas que necesitan atención urgente por daños en su salud por metales pesados, así como que las autoridades toman decisiones sin informar ni contar con la participación de las 37 comunidades afectadas, además de que no se han rendido los informes sobre los avances de la implementación del PJC-RS.
“Si los avances no se ven en territorio, no sirven en papel. Hasta el día de hoy, a más de dos años de anunciar el plan, los resultados se ven lejos de llegar”, subrayaron los Comités, que exigieron acciones concretas que garanticen el acceso a un ambiente sano y la remediación integral de los daños causados por Grupo México en agosto de 2014.
Comunicado:
El pasado miércoles 28 de febrero, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), movimiento de personas afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014, nos reunimos con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a los diálogos de remediación, reparación y no repetición para las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi; ello como parte del Plan de Justicia Cananea-Río Sonora (PJC-RS), presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
A partir de esto, nos vemos, una vez más, en la necesidad de alzar nuestras voces para denunciar que, a más de 2 años del anuncio del PJC-RS, persiste la falta de acción y coordinación por parte de las autoridades; quienes siguen sin cumplir con sus obligaciones; comparten información errónea; no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones (pero sí se reúnen con Grupo México para negociar).
Debido a la inacción de las autoridades, hasta el momento el PJC-RS sigue sin implementarse, careciendo de decreto, objetivos y planeación, y sin hacer justicia.
Esta falta de acción es aún más alarmante a la luz de los resultados presentados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)1, que muestran que persisten los niveles preocupantes de metales pesados en el agua de la cuenca del Río Sonora, con 13 de los 27 sitios muestreados en noviembre y diciembre del 2023 superando los límites permisibles para aluminio, arsénico, hierro, manganeso y mercurio.
Durante casi 10 años se ha comprobado la grave contaminación en el agua de la cuenca. A pesar de ello, las autoridades siguen sin cumplir la promesa de proporcionar agua libre de metales pesados a nuestras comunidades por medio de plantas potabilizadoras.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), encargada de la instalación y operación de estas plantas en la región, expresó durante la reunión que el proceso para que la potabilizadora en Bacanuchi comience a funcionar se encuentra en marcha (con el compromiso estar lista en abril de 2024), y éste se encuentra en manos de una empresa privada, la cual no ha informado avances.
Denunciamos que se continúan tomando decisiones sin informar ni contar con la participación de las comunidades, antes y durante el proceso. El trabajo entre instituciones, y la observación ciudadana, son indispensables en una sociedad democrática.
Ante nuestra exigencia de que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) sea incluido en este proceso y proyectos de las plantas potabilizadoras restantes, la CEA se comprometió a solicitar el recurso para que esto ocurra, y la STPS a tener una reunión con IMTA y CEA para verificar la gestión de recursos.
Además de seguir consumiendo agua contaminada, seguimos sin recibir la atención médica especializada en toxicología que requerimos desde hace 10 años, y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora (SSaludSonora) sigue sin implementar el tan urgente plan de salud en el Río Sonora.
A pesar de que el Juez 13 de Distrito en el Estado de Sonora ordenó a SSalud Sonora otorgar atención médica a las personas que necesitan atención urgente por daños en su salud por metales pesados, esta sigue sin ser cumplida. Las personas que fueron citadas en el hospital de especialidades denuncian que los médicos internistas carecen de capacitación en toxicología y se les han negado los estudios necesarios de metales pesados en sangre y orina. Además, se ha reconocido la falta de laboratorios para estos análisis en el estado de Sonora.
No obstante de la inmediatez con la que SSalud Sonora actuó ante la sentencia dictada por el Juez (quien ordenó que se implementaran medidas cautelares para la mitigación de riesgos a la salud de la población del Río Sonora), ésta sigue sin ser cumplida, pues estas medidas deben ser aplicadas al grueso de la población que lo requiera. Para solucionar la crisis de salud que vivimos, es insuficiente atender solo a dos personas.
Ante los preocupantes resultados presentados por la CONAGUA, es urgente que la SSaludSonora implemente las medidas necesarias para abordar la crisis de salud en la cuenca. Con la mayoría de la población (más del 90% – incluyendo niños y niñas) expuesta a metales pesados, y un riesgo “alto” y “muy alto” de enfermedades graves, exigimos respuesta del Dr. José Luis Alomía (SSaludSonora) y a la Dra. Gabriela Nucamendi (IMSS-Bienestar, exsubsecretaria de Salud). En la reciente reunión, SSalud Sonora se comprometió a compartir el plan de salud y a trabajar con transparencia de la mano con las comunidades y redirigir acciones en beneficio de las comunidades. Se espera una reunión para discutir esta información a finales de marzo de 2024.
Además de las graves situaciones relacionadas con la salud y el agua, queremos exponer lo siguiente:
La STPS sigue sin cumplir su compromiso de convocar y dar seguimiento a las mesas de diálogo. Los CCRS continuamos cargando la responsabilidad y logística de estas reuniones.
La STPS sigue sin informar sobre los avances del PJC-RS, lo cual es inaceptable ya que es la entidad responsable de coordinar este Plan y monitorear todos los procesos para validar que los derechos de las comunidades sean respetados.
La Secreataría de Gobernación (SEGOB) no ha respondido en meses a nuestra solicitud de reunión, a pesar del compromiso de la Lic. Claudia Molina, de gestionar una cita con la Lic. María Luisa Alcalde y de avisarnos antes del 7 de marzo. Esto no ha sucedido.
Destacamos que la Secretaria Alcalde, desde que lidereaba la STPS, no se ha presentado en el Río Sonora, también ha compartido información incorrecta, y en lugar de reunirse con las comunidades se ha reunido con Grupo México para negociar. No está de más recordar que el primer deber de las y los funcionarios es hacer valer los derechos de la población, sobre todo cuando hay afectaciones.
Esperaremos que, tal como se acordó durante la reunión, la STPS cumpla su compromiso de convocar y dar seguimiento a la próxima mesa de diálogo del PJC-RS entre autoridades y comunidades, así como de compartir con los CCRS y la ciudadanía los documentos que reflejen los avances del PJC-RS.
A las autoridades Semarnat, Salud, Trabajo, y Gobernación: les decimos que no basta con presentar análisis y dictámenes, es preciso que esto se traduzca en acciones concretas que garanticen el acceso a un ambiente sano. Es necesario que refuercen la coordinación entre autoridades. A pesar de las afirmaciones de que existe coordinación, los vacíos que existen en temas de presupuestos, y la falta de comunicación entre distintos sectores, hacen visible que falta mucho camino por recorrer y que hasta hoy no hay autoridad con suficiente competencia y capacidad para atender el problema con el que ésta administración federal y estatal hicieron campaña electoral.
Si los avances no se ven en territorio, no sirven en papel. Hasta el día de hoy, a más de dos años de anunciar el plan, los resultados se ven lejos de llegar.
Los CCRS seguiremos trabajando para que las y los pobladores de las 37 comunidades afectadas pronto podamos tener paz, salud y justicia.
Atentamente: ¡Reparación y No Repetición! Comités de Cuenca Río Sonora
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